Importante abonar a la inclusión de las personas indígenas que no dominan el idioma español y se garantice su acceso a la justicia
En México existen alrededor de 69 lenguas habladas por los Pueblos Indígenas, es el patrimonio histórico consagrado en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ordenamiento jurídico que busca regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Con base en lo anterior, se presentó ante el Pleno del Congreso, una iniciativa de reforma a los artículos 5 y 17 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del estado, para que integren a su estructura orgánica a defensores hablantes de lengua indígena, ya que en Baja California se reconocen los pueblos autóctonos: Kiliwas, Kumiai, Pai pai, Cucapá y Cochimi, así como a las personas y comunidades indígenas que pertenecen a cualquier pueblo originario procedente de otro estado de la República.
Desde esta perspectiva, se convierte en un problema de acceso a la justicia, ya que al trasladar las limitantes del lenguaje a una instancia del ámbito jurídico, como una lectura de derechos, narración de hechos, declaraciones o la solicitud de un servicio de representación legal ante la defensoría de oficio, ministerio público o cualquier instancia gubernamental, es totalmente relevante la figura del intérprete traductor.
Es de suma importancia abonar a la inclusión de las personas que no dominan el idioma español, ya que el Poder Judicial del Estado no cuenta con un sólo perito traductor en alguna de las lenguas indígenas habladas en la región, o de las comunidades asentadas en el territorio del mismo, y es un problema que violenta los derechos de los pueblos originarios, explicó la diputada inicialista, Evelyn Sánchez Sánchez.
