“Es mi deber velar por que las leyes de estos ámbitos sean acordes a los nuevos cambios estructurales, de Baja California”, precisó
La Diputada Montserrat Murillo López, del grupo parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa de reforma que tiene como objeto armonizar la Ley de Cultura con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
“Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, es mi deber velar por que las leyes de estos ámbitos sean acordes a los nuevos cambios estructurales, y es por ello que la Ley de del Instituto de Cultura de Baja California debe ser reformada para que sea acorde a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California”, subrayó durante su exposición de motivos.
Con esta propuesta se reforman los artículos 1 y 13, de la Ley del Instituto de Cultura del Estado de Baja California. En ese sentido se estipula dentro de las disposiciones generales, que el Instituto de Cultura de Baja California, es un organismo público descentralizado, de la Secretaría de Cultura del Estado de Baja California, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Donde para el mejor cumplimiento de su objeto, el ICBC actuará de manera coordinada con la Secretaría de Educación, y con las entidades de la Administración Pública Paraestatal agrupadas en el sector, a través de acciones. De participación programas en el artículo 40, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Menciona que la Junta de Gobierno es la máxima autoridad del ICBC y estará integrada por un presidente, que será el Titular de la Secretaría de Cultura, los vocales, que serán el Secretario General de Gobierno; Secretario de Hacienda; Secretario de Educación Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; Oficial Mayor de Gobierno.
Además de un representante de las instituciones públicas de educación media superior, superior e institutos de investigación; un representante de las instituciones privadas de educación media superior, superior e institutos de investigación, y un representante de los organismos empresariales del sector privado en el Estado.
La iniciativa fue turnada Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su respetivo análisis y posterior dictaminación.
