Pretende garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y cualquier forma de violencia
La diputada Michel Sánchez Allende presentó un punto de acuerdo con solicitud a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, así como a las autoridades estatales, municipales y órganos autónomos, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, emitan Protocolo para la Atención, Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.
Lo anterior, siguiendo como modelo el elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020, dirigido al personal de servicio público, público usuario y personal sin nombramiento, como personas prestadoras de servicio social, personal de honorarios y personas subcontratadas, para garantizar el derecho de las mujeres a tener una vida libre de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y cualquier forma de violencia.
“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es clara cuando indica que las entidades federativas en función de sus atribuciones, establecerán las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia, fortalecerán el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan, promoverán y difundirán en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y diseñarán programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresor; además, que los tres órdenes de gobierno deberán: reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, entre otras tendientes a velar por los derechos de la víctimas de estas conductas. Ante estas obligaciones, no debe mediar omisión, menos aún, en detrimento de las víctimas del delito”, explicó.
En ese sentido, corresponde a las y los servidores públicos cumplir con el compromiso de actuar bajo el respeto, la igualdad y la protección de los derechos humanos de todas la personas, y por ello, no se debe omitir que los mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres han expresado su preocupación por las consecuencias de la discriminación y las violencias, recomendando a nuestro país en reiteradas ocasiones garantizar un vida digna libre de violencias.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2015 a septiembre de 2021, los casos por hostigamiento han aumentado, colocando a Baja California en el cuarto lugar a nivel nacional, sin embargo, el número de casos por acoso sexual reporta mayores incidencias. Sin embargo, aún está pendiente la armonización de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California y nuestro Código Penal, para dotar de una nomenclatura autónoma al delito de Acoso Sexual.
Estas conductas son una clara manifestación de las violencias que afectan principalmente a las mujeres, lacerando su dignidad e integridad, por lo que la legisladora morenista, atendiendo el compromiso como diputada Constitucional de la XXIV Legislatura y, en reconocimiento a los altos índices de violencia contras las mujeres que han dado paso a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, se pronunció por la “CERO TOLERANCIA AL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL”, así como en contra de toda las formas de violencias que atentan contra las libertades y derechos de las mujeres o cualquier acto u omisión que atente contra la integridad y dignidad de las personas.
“Así también, he presentado un oficio para llevar a cabo la capacitación al personal de la XXIV Legislatura del Congreso de Baja California, relativo a la “Atención a casos de hostigamiento y acoso sexual” y el “Protocolo para la atención, prevención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual” impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres”, declaró.
