Fueron decomisadas en 476 cateos ejecutados en un periodo de 11 meses
Desactivar detonadores de riesgo que enganchen a futuras generaciones en la delincuencia o sean víctimas de corrupción, es el objetivo de los operativos que la Fiscalía General del Estado (FGE), ejecuta en contra de estructuras delincuenciales mediante el decomiso de juegos de azar y máquinas tragamonedas.
Uno de los principales factores potencialmente peligrosos que influyen en los menores a iniciar adicción patológica, son las innovaciones tecnológicas en la modalidad de “cashier”, juegos de azar, por medio de computadoras y servidores que se encuentran en línea para efectuar apuestas.
Esta operación ilícita prevalece en algunos lugares públicos, sin restricción de acceso, y puede lacerar el rendimiento escolar, deportivo, relación familiar e interacción social de niñas, niños y jóvenes, principalmente entre 10 a 17 años edad.
Incursionar en este ámbito puede influir en desarrollar adicción al juego, el cual tiene conexidad con en el robo, violencia, pandillerismo, consumo y venta de narcóticos, así como vulnerabilidad a ser presa fácil para reclutamiento en grupos criminales.
Ante esta circunstancia, la FGE no baja la guardia y refuerza medidas que permiten proteger a la niñez y a la juventud, evitando que se vean inmersos en situaciones que lastimen su integridad física, emocional y moral.
Con base a investigaciones y a través de Ministerio Público, durante el periodo de 1 de noviembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, se solicitaron y ejecutaron legalmente 476 órdenes de cateo en Baja California.
Estas diligencias permitieron incautar aproximadamente 2 mil 20 máquinas tragamonedas, 42 computadoras, y 120 predios involucrados en este acto ilegal, quedaron asegurados.
A estos resultados se suma la importante colaboración de la denuncia ciudadana, aunado a labor de inteligencia y despliegue operativo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en zonas rurales y urbanas de la entidad.
La FGE exhorta la sociedad a mantener estrecha comunicación con sus hijos, a supervisar amistades, conducta y actividad fuera de labores curriculares, así como a denunciar ante la autoridad la presencia de tecnología utilizada para actividad ilícita que exponga la seguridad ciudadana en la entidad.
