Afirma Ramón Vázquez que los permisos para este servicio serían de uso exclusivo para integrantes de pueblos indígenas
El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado con el propósito de crear la modalidad de Mototaxi, pretendiendo que sea para uso exclusivo de los integrantes de pueblos indígenas.
La propuesta comprende la reforma a los artículos 92, 162 y 180 de la mencionada ley y establece que “los servicios de transporte en motocicleta podrán prestarse en todas sus modalidades, incluyendo a las empresas de redes de transporte conforme a lo dispuesto por la presente ley, su reglamento y disposiciones aplicables”.
El artículo 180 indica que el transporte de taxi comprenderá las modalidades de taxi de ruta, de sitio, libre, radio taxi, ejecutivo, mediante aplicación digital y con la citada reforma se añade: “Mototaxi”.
Ramón Vázquez planteo que se reconozca esta nueva modalidad para el servicio público de transporte de taxi, para apoyar a las personas indígenas en Baja California.
Señaló que se trata de una reforma con gran profundidad en la justicia social, y atiende a una medida de adelanto en favor de la economía de las comunidades indígenas, además de ser oportuna porque, si bien la ley de Movilidad Sustentable y Transporte, es un ordenamiento nuevo, la realidad la ha rebasado.
Abundó que, “la propia pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de que seamos constructivos y proactivos en formas de solución a los atrasos económicos que provocó este evento de salud mundial”.
Mencionó que cuando se aprobó la mencionada ley, en marzo de 2020, no se dimensionaba la gravedad de la pandemia, ni las lesiones al tejido social estructurado, ni sus consecuencias y precisó que con esta reforma se potencian el derecho humano a la Movilidad y los derechos de los pueblos indígenas.
El diputado inicialista indicó que, en Baja California, el censo 2020 del Inegi encontró que la población de tres años y más, hablante de alguna lengua indígena, asciende a 49 mil 130 personas (1.4% de la población total) y representa un grupo poblacional que tiene condiciones de rezago socio económico.
Para concluir, refirió que de las peticiones sociales que ha recibido de estos grupos, si bien reconocen que hay más esfuerzos formales del Estado por integrarles a la vida política, a pesar de que existe la base constitucional para hacerlo, no se generan mecanismos de ayuda y solución para que salgan de su estancamiento económico, “y me han pedido que los escuchemos en sus proyectos productivos y que les ayudemos con incentivos”.
