Derivado de la mecánica procesal de las sesiones de Cabildo que culminaron con la aprobación del Organismo Operador del Agua en Ensenada
Acusado por presuntas irregularidades en la aprobación del Organismo Operador del Agua en Ensenada, la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional de la XXIV Legislatura, que preside la diputada Rocío Adame Muñoz, aprobó el proyecto de dictamen de Juicio Político en contra del alcalde Armando Ayala Robles.
En el uso de la voz, el titular de la Consultoría Legislativa del Congreso local dijo que esta solicitud fue presentada por los ciudadanos Diego Alejandro Lara Arregui, Carmen Lidia Salazar Guerra, Brenda Aracely Valenzuela, Raúl Vera Rodríguez, Marisol Sánchez García, Carmen Elizabeth Jiménez García y Adolfo Muñoz Benítez, en su calidad de Regidoras y Regidores del XXIII Ayuntamiento de Ensenada.
Explicó que los actos de ilegalidad que se le atribuyen al presidente municipal, así como al secretario fedatario del Ayuntamiento, se derivan de la mecánica procesal de las sesiones de Cabildo que culminaron con la aprobación del Organismo Operador del Agua en Ensenada, situación que impidió que el cuerpo colegiado edilicio, realizara las valoraciones de corte administrativo, financiero, institucional y operativo, pese a que expresamente se lo mencionaron en dichas sesiones.
Dijo que a juicio de esta comisión dictaminadora, no se encuentra justificada la necesidad de haber tratado el tema como de “urgencia extrema” pues el Decreto Facultativo 289 emitido por esta Soberanía y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2021, concedía a los municipios del Estado, entre ellos Ensenada, plazos prudentes (60 días posteriores a la entrada en vigor) para crear los organismos operadores del agua y 90 días para crear su reglamentación operativa y administrativa, esto con la finalidad que los cuerpos colegiados municipales, contaran con la oportunidad de analizar, discutir, organizar y votar todas las determinaciones correspondientes.
Detalló que el denunciado decidió resolver el tema en 4 minutos y sin documento alguno que solventara todos los aspectos administrativos y financieros que esa determinación traería aparejada. Al margen que en la mecánica procesal que se siguió para obtener la aprobación mayoritaria de Cabildo, se lesionaron valores fundamentales de orden constitucional que debe imperar en toda democracia representativa y popular, en detrimento de las instituciones del Estado de derecho mexicano.
En otro sentido, se declararon como improcedentes las solicitudes de juicio político en contra del Juez Primero de lo Penal de Tijuana Jaime Galindo Hernández, así como de los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana. Por lo anterior solicitó se les notifique de la determinación de esta Soberanía por medio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, y de la Presidencia Municipal de Tijuana, respectivamente.
Participaron en esta sesión la presidenta de la Comisión, Rocío Adame Muñoz, como secretaria Dunnia Monserrat Murillo López y como vocales Araceli Geraldo Núñez, Evelyn Sánchez Sánchez, Juan Manuel Molina García, Román Cota Muñoz y Sergio Moctezuma Martínez López, además del diputado Marco Antonio Blásquez Salinas
