Presenta reforma a Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para implementar como obligación legal la capacitación permanente a servidores públicos para prevenirla y erradicarla
Para la diputada Claudia Agatón Muñiz ser mujer es una dicha, pero con tristeza afirma que muchas mujeres no pueden decirlo ni sentirlo, debido a que el contexto en el que se desenvuelven impide que desarrollen todas sus aptitudes por la violencia que viven y que se registra no solo en su entorno externo, sino también en el núcleo de su hogar.
Es por ello, que cada Ley existente que tenga como fin erradicar la violencia contra las mujeres, debe necesariamente encontrarse ad hoc; por lo que deben ser armónicas con las necesidades reales que se viven, pues de lo contrario están condenadas a convertirse en letra muerta.
Por tales motivos, la legisladora presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California por la vía de Oficialía de Partes y fue turnada a la Comisión Legislativa respectiva, para su estudio y análisis.
El fin primordial estriba en que todas las mujeres que se encuentren en Baja California, tengan acceso a una vida libre de violencia, proponiendo que, de forma obligatoria se contemple como estrategia que los gobiernos de los Municipios y del Estado establezcan capacitación permanente y continua a las y los servidores públicos que los integran.
Una capacitación -dijo- en la que se concientice el contenido de las leyes, reglamentos y demás cuerpos jurídicos que en la materia existen, así como la actuación que debe realizar cada persona servidora pública desde sus áreas para aplicar la Ley efectivamente, y cumplir con los fines que estos preceptos persiguen, además de prevenir y erradicar la violencia institucional contra las mujeres.
Así mismo, que el Poder Judicial de Baja California y órganos estatales y municipales que investigan y substancian quejas y denuncias administrativas, expidan Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género, y que capaciten a las personas servidoras públicos que los integran.
Puntualizó que su iniciativa contempla criterios acordes a las órdenes constitucionales que en materia de derechos humanos existen, específicamente en la Constitución Mexicana y la Constitución Estatal, así como en las órdenes convencionales, que son vinculantes para el Estado Mexicano.
