Sobre la intensión anunciada por el Estado de un posible cambio de proveedor para el suministro eléctrico
Después del anuncio del Gobierno del Estado sobre un posible cambio de proveedor por el corte de la CFE al acueducto Río Colorado – Tijuana, el equipo de la gobernadora electa, Marina del Pilar Avila, advirtió a la administración de Jaime Bonilla sobre consecuencias legales que podrían generarse.
A través de un oficio dirigido al actual secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Salomón Faz Apodaca, firmado por el coordinador general de las comisiones de Enlace de la autoridad entrante, Catalino Zavala Márquez, exhortan para que “a la brevedad posible” realicen las gestiones para cubrir los adeudos al suministro eléctrico.
En el oficio recodaron que el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, establece que “en ningún caso los servidores públicos podrán realizar contratación alguna de las previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente”.
Ante esto, el oficio de Zavala Márquez remarca que en caso de concretarse la contratación del suministro eléctrico mediante un tercero, sin la aprobación del Poder Legislativo, estarían incurriendo en una falta grave, que generaría responsabilidades administrativas, junto con daños al patrimonio estatal.
De esta manera, agrega que notifiquen a las autoridades respectivas, para que dentro del ámbito de su competencia tomen las medidas que resulten procedentes.
