La diputada Miriam Cano anunció que pedirá una reglamentación de su función interna
Ante los más de 70 empleados que ha contratado para labores administrativas el Concejo Municipal Fundacional de San Quintín y por las altas percepciones que se fijaron, en su momento requerirá una fiscalización de sus cuentas públicas y una reglamentación de su función interna.
Así lo informó la diputada del Distrito XVII, Miriam Cano Núñez, remarcando que en su calidad de legisladora abogaría por una austeridad en todos los rubros, incluyendo los sueldos de los concejales.
“Como parte de un proceso de inicio de un nuevo municipio me habría gustado ver más austeridad, pero mi labor legislativa terminó en el momento en que San Quintín se conformó como municipio”, comentó.
Cano Núñez indicó que en su cargo debe reaccionar conforme a lo expresado por la población, por lo que una de su responsabilidad es fiscalizar las cuentas públicas, como en su momento le tocaría al Concejo Municipal.
Asimismo, remarcó que no tiene claro cuales son los puestos que aprobó el Concejo, algunos con percepciones de 15 mil pesos catorcenales, mientras que otros puestos como los policías continúan en espera de su homologación.
Recordó que los concejales fueron aprobados tras un proceso legislativo, por lo que para lograr sus destitución sería necesario un juicio político en el que se requerirá la intervención del Congreso del Estado.
Por su parte, aseguró que en la siguiente sesión del Congreso del Estado exhortará al Concejo Municipal de San Quintín para que reglamente su función interna. Esto por fallas visibles en sus responsabilidades, aclarando que todos los concejales tienen voto para las acciones de la zona sur y no solo el presidente.
Respecto a las manifestaciones con toma de la sede del Concejo Fundacional, lo consideró un movimiento político, atribuyéndolo que es para “desestabilizar”.
