Pretenden que el ciudadano pueda acceder con mayor prontitud a la justicia en esa materia
Por unanimidad, la Asamblea Legislativa local aprobó una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo del Estado, mediante la cual se reforman artículos de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Lteja), con el propósito de hacer eficientes los procesos de impartición de justicia, al establecer plazos y términos menores que le permitan al ciudadano acceder con mayor prontitud.
Se trató del dictamen 82 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el cual en su exposición de motivos, el inicialista indicó que en la ley mencionada se prevén “tiempos de resolución que no se ajustan a las necesidades de justicia de la sociedad, cuando el ciudadano acude a solicitar justicia, esperan que el mandato de la autoridad jurisdiccional resuelva con prontitud e inmediatez, sobre la petición de que se suspenda un acto de autoridad que los afecta”.
En ese sentido el dictamen, leído durante la sesión virtual por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Gobernación, contiene la modificación al artículo 49 de la Lteja, a fin de reducir el plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir el acuerdo que admitirá la demanda, pasando de un plazo actual de 3 días, a uno de 24 horas.
El Ejecutivo argumentó que, con lo anterior, se garantiza “a los ciudadanos de Baja California el principio de inmediatez en el proceso contencioso administrativo local, lo que contribuirá de manera decisiva, ágil y eficiente a que la ciudadanía obtenga una pronta y efectiva justicia administrativa, como se exige en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.
Por otra parte, a través de la iniciativa del gobernador del Estado, aprobada por el Pleno de la XXIII Legislatura de Baja California, se reforma el artículo 90 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con el objetivo de reducir el plazo para interponer el recurso de reclamación en contra de las resoluciones de los magistrados, de 5 días a 3 días.
