El documento fue entregado al Congreso del Estado
El ex alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, fue uno de los señalados en una demanda de juicio político que ingresaron al Congreso de Baja California, así como a los 21 integrantes de la XXII Legislatura que aprobaron la “Ley Bonilla” a unos días de concluir su periodo.
El empresario Marco Antonio Novelo Osuna, tuvo su periodo como presidente municipal de Ensenada del año 2016 al 2019, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hermano del actual senador Gerardo Novelo, de MORENA.
La demanda, que fue recibida en Oficialía de Partes luego de cumplir con el protocolo de sana distancia que establece un grupo reducido de personas para ingresar a las instalaciones del edificio del Poder Legislativo de Baja California, es firmada por Blanca Terrazas Alcalá, Alma Rocío Magaña Sarabia, Miguel Ángel García Leyva y Armando Salinas Bravo.
Al recibir el documento, los quejosos fueron advertidos de que se le dará trámite a partir del primero de junio, por ser esa la fecha en que se espera reiniciar labores en el Poder Legislativo, debido a las restricciones puestas a causa de la pandemia.
En el documento se establece la formal denuncia en contra de los ciudadanos Nereida Fuentes González, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Marco Antonio Novelo Osuna, quienes fungieron como presidentes del XXII Ayuntamiento de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente.
Respecto a los denunciados que integraron la XXII Legislatura como diputados, son los siguientes: Rocío López Gorosave, Iraís Vásquez Aguiar, Victoria Bentley Duarte, Alfa Peñaloza Valdez, Mónica Hernández Álvarez, Trinidad Vaca Chacón, Blanca Ríos López, Claudia Agatón Muñiz, Raúl Castañeda Pomposo, Carlos Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Ignacio García Dworak, Marco Corona Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Víctor Manuel Morán Hernández, José Antonio Casas del Real, José Félix Arango, Sergio Tolento Hernández y Edgar Gómez Macías.
El motivo de la denuncia es la aprobación de la reforma a la Constitución local para hacer posible la ampliación de mandato de la gubernatura de Baja California y por ello piden que se inhabilite a los ex funcionarios señalados, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
